Por fin reaccionamos…

Artículo publicado en el Periodista Digital el 23 de septiembre de 2.011 (Pinche para ver publicación)

Por fin reaccionamos…

He de anticiparles a Uds. que me tengo por hombre que está de vuelta de casi todo, y que mi capacidad de sorpresa ha llegado casi al límite. Por ello, considero que, en este mundo de nuestros suplicios, creo que cualquier cosa es posible. Además, para aquellos de Uds. que no me conocen, les diré que procuro que mi vida sea ordenada, aunque sin sujetarme rotundamente a ningun hábito; no obstante, hay algo que, rutinariamente, repito cada día a primera hora de la mañana, cuando llego a la oficina: Enciendo el ordenador, leo el correo electrónico y, a continuación, me sumerjo en la Web del Boletín Oficial del Estado, para ver qué ocurrencias nos sirven nuestros gobernantes para desayunar.

Les he anticipado esas notas acerca de mi personalidad para que se imaginen mi sorpresa, rayana en la estupefacción, cuando, ayer jueves 22 de septiembre de 2.011, la primera norma que saltó a mis ojos fue el Real Decreto Ley 15/2011 de 16 de septiembre, por el que se regula la actividad de los cargos políticos.

Pueden Uds. suponer mi voracidad lectora. Para los legos en la materia, les diré que toda norma va precedida de un apartado expositivo en el que el legislador desgrana y razona los motivos que le guían para el dictado de la norma, al tiempo que detalla los objetivos que busca alcanzar con su promulgación.

El gobierno, nuestro gobierno, ese denostado gobierno socialista que nos ha hundido en la miseria, reunido en Consejo de Ministros del pasado viernes 16 de septiembre, cuando muchos de Uds. leían mi anterior artículo en Lancelot acerca de nuestra esclavitud de los políticos y, una verdadera riada de lectores inundaba mi buzón de correo electrónico con muestras de solidaridad con mi opinión, resolvía, por razones de urgencia, decretar la norma que ya he referido mas arriba.

En la exposición de motivos, como entonando un mea culpa, el gobierno, con ZP a la cabeza, reconocían el hartazgo de la ciudadanía respecto de la clase política. Como en una letanía, el Real Decreto Ley relataba los excesos y abusos cometidos por nuestros políticos, aunque sin referirse al propio gobierno. Ante mi vista iban desfilando las prevaricaciones, cohechos, nepotismo, malversaciones, corrupciones… Tal vez el gobierno, recapacitando en la posibilidad cierta y creciente de que se produzca un estallido social, que mas de uno hemos venido vaticinando, ha pretendido anticiparse, poniendo coto a esta ristra de desmanes.

Entre las medidas adoptadas y que, según la disposición final de este Real Decreto Ley, en vigor desde hoy viernes, se encuentran las siguientes:

Los partidos políticos y los sindicatos, dejan de recibir financiación del Estado, teniendo que financiarse, a partir de ahora con las cuotas de sus afiliados.

–         Los representantes y liberados sindicales, realizarán su trabajo en igualdad de condiciones que los demás trabajadores, desarrollando sus labores sindicales en los locales de su sindicato, fuera de horas de trabajo.

–         Se limita el uso de coche oficial a los cargos de rango superior al de Director General, o equivalente en las Comunidades Autónomas y a Presidentes de Corporaciones Municipales de Municipios con población superior a 50.000 habitantes.

–         Se retirarán todas las tarjetas de crédito en poder de cargos políticos. Los gastos en que hayan de concurrir en el desempeño de sus funciones habrán de ser girados directamente por los proveedores al Organo a que pertenezcan.

–         Ningún cargo político podrá utilizar medios del estado para actividades privadas o de partido, habiendo de reintegrar, en su caso, el coste de estos servicios. Este artículo se aplicará a la utilización de medios de transporte, material informático, electrónico o informático e instalaciones e inmuebles de titularidad pública.

–         Ningún cargo político de cualquiera de las Administraciones o empresas públicas podrá percibir mas de un sueldo del erario público.

A estas alturas, me encontraba atónito. Volví al principio del Boletín y volví a repasarlo. Efectivamente era el BOE numero 228 de 22 de septiembre de 2.011.

Tenía que volver a releerlo, aquello parecía una broma del día 28 de diciembre. Me enfrasqué de nuevo en la lectura de las cifras de vértigo que con estas medidas iba a ahorrar el país y que figuraban detalladas en la exposición de motivos.

Tan absorto me encontraba en la lectura que sentí un sobresalto cuando comenzó a sonar el teléfono. Ciertamente eso me molestó, pero seguí leyendo. El teléfono seguía sonando y, sin mirar, extendí la mano para cogerlo. Entonces reparé en algo sorprendente, por mas que tanteaba no encontraba el teléfono. Volví la cabeza para buscarlo y, entonces, caí en la cuenta. No era el teléfono lo que sonaba, era el antipático despertador.

José Ignacio Sanchez Rubio

Abogado y economista

ignacio@rwall.es

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