Las voces descontentas con el actual sistema político español se alzan a millares, y las redes sociales y comunicaciones electrónicas, único medio asequible económicamente a los sufridos españoles como medio de comunicación, hierven continuamente con el envío y ulterior reenvío de comentarios y chascarrillos al respecto.
Está tan claro que el pueblo español está en desacuerdo con el sistema político de que le han dotado, como que se siente inerme ante ello y recurre, como última opción, a uno de los pocos derechos de los que aún no le han privado: el derecho al pataleo.
Y si analizamos el contenido de todas esas disconformidades verbales y escritas, concluiremos fácilmente que tienen, todas ellas, dos elementos en común: Los efectos del actual sistema político y las causas que los originan.
Es cierto que todos coinciden en que hay que modificar profundamente este sistema leviatánico, y que casi todos apuntan a las soluciones parciales que procede tomar. Incluso, cada vez es mayor el número de individuos que van trashumando políticamente al bando de los antisistema.
Así, son continuas las peticiones de supresión de las Autonomías, de las pensiones de los políticos o de acabar con el despilfarro presupuestario y la corrupción política, pero nadie ha incidido en el quid de la cuestión: Como hacerlo.
Y de esta forma continuamos, después de 40 años de transición, con un sistema político extemporáneo, formado por un refrito de fórmulas extraídas de otros sistemas políticos occidentales, igualmente caducos.
Los economistas suelen coincidir en que, ante cualquier proyecto nuevo, o antes de la reforma de otro ya existente, es necesario formularse tres cuestiones: ¿Qué hacer?, ¿Para qué hacerlo? y ¿Cómo hacerlo?.
Como señalaba más arriba, el personal en su mayoría está de acuerdo visceralmente en la primera de esas cuestiones. En el qué hacer.
Y coincide en que este sistema no nos sirve ya y hay que sustituirlo o transformarlo.
Lo que ya no tienen tan claro nuestros compatriotas es la respuesta a las otras dos cuestiones: El análisis de las causas y la metodología del cambio.
Y el primer punto que hemos de considerar es el de la regulación sustantiva nuclear de nuestro sistema político. Resulta tentador el atribuir la causa de todos nuestros males a la Constitución de 1.978, porque es la madre de todas las normas. Y entiendo que eso constituye un error de bulto porque, aun estando de acuerdo en el fondo con la opinión generalizada de que nuestra Carta Magna requiere profundas modificaciones, debe Ud. convenir conmigo en que la íntima razón de nuestros males se encuentra en la redacción de otras tres Leyes: La de Partidos Políticos (L.O. 6/2002 de 27 de junio), la de Financiación de los Partidos Políticos (L.O. 8/2007 de 4 de julio) y la Electoral (L.O. 5/1985 de 19 de junio).
Porque, solo a semejanza de lo que ocurre con las Leyes y su desarrollo reglamentario, solo después de un riguroso análisis de estas tres normas, que vienen a significar, a su vez, el desarrollo de otros tantos preceptos constitucionales, podremos caer en la cuenta que, con su aplicación, estamos validando aquella otra ley de Murphy que asevera que si algo puede salir mal, terminará saliendo mal, al tiempo que desoímos ese viejo consejo que nos recomienda evitar la ocasión como remedio para evitar el peligro.
Si Ud., amable lector, ha conseguido llegar hasta aquí sin caer en los brazos de Morfeo, le pediría que me acompañe en el siguiente hilo argumental:
- Las personas se agrupan en razón de su orientación social, política y económica acerca de la regulación de la vida en sociedad (Partidos Políticos).
- Los diversos Partidos Políticos ofrecen sus formas de regulación (Programas Políticos) y eligen a las personas que propondrán para desarrollar y ejecutar los programas propuestos (listas electorales).
- Se acuerda, por mayoría de personas, cual ha de ser ese sistema regulador teniendo todas las opiniones el mismo valor (un hombre, un voto).
- Se elige, de entre los candidatos propuestos por los partidos, a los que han de redactar y ejecutar los programas electorales propuestos (Elecciones).
- Los Candidatos elegidos, establecen las normas de regulación de la sociedad, sin que las transgresiones a las previas propuestas electorales puedan evitarse.
- Las personas, electores o no, vienen obligados a sufragar, de manera censitaria, la financiación del sistema aplicado.
Y convendremos todos en que el elemento común y único diferenciador en todo el proceso descrito, es el dinero. O lo que es igual, cuánto cuesta el sistema y de qué forma lo sufragamos.
Eso, amigo lector, es el quid de la cuestión: el dinero.
Y en el trasfondo de cualquier sistema político existente, sigue estando la tripleta de interrogaciones que reflejaba anteriormente: ¿Qué hacer con el dinero de las personas?, ¿Para qué hacerlo? y ¿Cómo hacerlo?.
Y llegados a este punto es cuando aparecen tres variables adicionales: La indolencia, la avaricia y la ética humanas.
No es que pretenda sostener que las personas, en general, son indolentes, avariciosas y deshonestas, porque tampoco es el objeto de este artículo, pero convendrá Ud. conmigo, amigo lector, que en este juego político existen dos manifiestas desigualdades en las reglas. La primera, que los cargos políticos deciden qué hacer con nuestras vidas y haciendas, mientras a nosotros nos está vedado qué hacer con las suyas y, la segunda, que ellos disponen de la fuerza que necesiten para someternos al sistema, fuerza que pagan con nuestro dinero, mientras que el resto de las personas no disponemos de medio coactivo alguno contra ellos.
Y antes de pasar a sugerir cómo afrontar una reforma del sistema, debemos reparar en que, tal y como está planteada la estructura actual de los partidos, estos no representan a los afiliados que los financian, sino que tan solo encarnan la voluntad de aquellos que con su astucia, consiguen encumbrarse en la dirección y control de tales partidos, utilizándolos como plataforma y catapulta para conseguir la condición de Cargos Públicos por elección o designación.
Por todo ello, hemos de considerar que la piedra angular de la necesaria reforma del sistema político, se encuentra en la forma de financiación de los partidos y en el mecanismo que impida que se utilicen como medio de proyección y enriquecimiento personal, a la luz de la imparable corrupción de aquellos y de la mayor parte de sus dirigentes.
Y, por ello mismo, la modificación normativa de la Ley de Partidos Políticos y la de su Financiación, que sugiero a continuación, abrirá la puerta de la indispensable reforma del sistema político.
La actual regulación de la financiación de los Partidos Políticos, se ha revelado deficiente e inútil. Deficiente, porque los convierte en pordioseros, al confiar básicamente su financiación, a un sistema mixto en que se conjugan la caridad limosnera de las cuotas y aportaciones voluntarias de sus afiliados y simpatizantes y la opaca financiación de sus campañas, junto con las subvenciones por gastos electorales.
De contrario, nuestra proposición es la de que los partidos financien su actividad política, de manera exclusiva con una parte de las cuotas por IRPF, equivalente al 0,5% de la recaudación tributaria, y con la aplicación de un sistema que implique la aplicación individual de la cuota de cada contribuyente, durante cada ejercicio, al partido político que prefiera, amén del prorrateo del importe no asignado entre todos los partidos, en proporción a los importes atribuidos, eliminando la posibilidad de que reciban cualquier otro tipo de ingresos. Ello viene a representar, con datos referidos al ejercicio 2016, un importe a repartir, para la financiación de los partidos, del orden de 350 millones de euros anuales, cantidad que, en nuestra opinión debería ser suficiente para la financiación de los partidos.
Esta ventajosa fórmula, frente a la actual, supone la desaparición de todo tipo de subvenciones a los partidos, a cargo del estado o de sus Instituciones y la liberación, en el IRPF, de las deducciones que actualmente se aplican en aquel impuesto por cuotas, aportaciones voluntarias y donaciones. De esta forma, se alcanza:
- La transparencia y control de los ingresos de los partidos.
- La potenciación de la voluntad de los ciudadanos, al expresar sus preferencias con la asignación de su 0,5% de la cuota de IRPF.
- Una fórmula punitiva al comportamiento de los partidos, ya que el ciudadano puede castigar a los inadecuados, dirigiendo su aportación a otro partido.
- La adecuada retribución del coste de la actividad partidaria.
- La eliminación de partidos residuales que quedarán excluidos de financiación.
Pero las medidas reformistas, obviamente, no pueden reducirse a esta y habrán de concatenarse con la incompatibilidad del ejercicio de cargo público electoral o por designación, con el de dirigente de un Partido Político y, por otra, con la modificación de la Ley Electoral en el sentido de que los electores voten a los partidos en lugar de a los candidatos, que serán designados o removidos por los partidos. Pero de ello tendremos que hablar otro día, si Ud. desea seguir leyéndome.
José Ignacio Sánchez Rubio
Presidente de Derecha Liberal Española
