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A comienzos de abril de 1912, nadie en el mundo pensaba que el Titanic pudiera hundirse. Pero, a pesar de que sus constructores lo consideraban insumergible, en la madrugada del día 15 el barco se fue a pique.
En una horripilante situación como aquella, en la que se estima que fallecieron mas de 1.500 personas, una anécdota se recuerda aún: Mientras los pasajeros chillaban horrorizados, los músicos de la orquesta, impávidos, seguían tocando.
Hoy, 107 años después de aquella tragedia, los españoles asistimos, también impávidos a otra tragedia mas cercana: El hundimiento de España.
Aquellos 7 músicos, seguían haciendo su trabajo mientras el barco se hundía; hoy, los españoles asistimos, impasibles, a la desintegración de nuestro país, ocupados únicamente en la resolución de nuestros problemas individuales, pero sin hacer nada por evitar la catástrofe.
Es evidente que ninguna otra acción de los músicos del Titanic habría modificado el curso de los fatales acontecimientos, pero no sucede lo mismo con la pasiva expectación de los españoles, ante el previsto final de España como nación milenaria.
Desde el comienzo de este año 2020, un grupo de acomodados comunistas, insatisfechos con el tamaño de sus fortunas, han encontrado el mecanismo ideal para engrosar sus carteras y su poderío: El ejercicio de la política. Y sin merito alguno, pero con la más absoluta desfachatez, han iniciado su meticuloso plan de esquilmar impunemente nuestros patrimonios y el del Estado Español.
Los españoles, mientras tanto, seguimos atentos al “pan y circo” con que nos entretienen, sin pensar que caminamos hacia otro escenario en el que ni siquiera tendremos el “pan”.
Somos conscientes de que la empresa de enfrentarse a este numeroso grupo de trepadores es enormemente difícil y compleja; mucho más, cuando los propios españoles de bien andamos enormemente divididos en numerosas corrientes, lideradas por otros tantos virreyes. Pero, antes de que la catástrofe sea irreversible, algo tenemos que hacer. Podemos tener distintas apreciaciones acerca de la manera de poner en marcha un único movimiento, que se oponga frontalmente al plan comunista de desintegrar España, pero, si todos tenemos una idea similar de cual ha de ser la trayectoria de nuestro país, es indispensable que se orillen proyectos y pretensiones personales y nos integremos todos en un equipo compacto, como única forma posible de acabar con este dislate.
José Ignacio Sánchez Rubio
ignacio.sanchez@derechaliberal.es
En el año 1833, cuando no se utilizaban en España ni la electricidad, ni los automóviles, ni el teléfono, se estableció la organización municipal que aún mantenemos hoy, obra de Javier de Burgos.
El fundamento esencial de la división municipal era que cualquier vecino, de cualquier lugar de España, pudiese realizar las gestiones en su Ayuntamiento y regresar a su casa el mismo día.
Resulta así chocante que 508 municipios, con una población inferior a 50 habitantes cada uno de ellos, dispongan cada uno de un Ayuntamiento con 3 Concejales y que otros 2.580 con poblaciones de entre 50 y 250 habitantes, cuenten con otros tantos Ayuntamientos y 9.844 Concejales mas. Siendo así, no parece sorprender que en las poblaciones de Jaramillo Quemado (Burgos) o Villanueva de Gormaz (Soria), con 5 y 9 habitantes respectivamente, cuenten con sendos Ayuntamientos dirigidos por 3 concejales cada uno.
Hoy, cuando las condiciones de vida han cambiado esencialmente y el “coche de San Fernando”, vehículo habitual en 1833, solo se utiliza para pasear, seguimos manteniendo 8.124 municipios, cada uno de los cuales cuenta con un Ayuntamiento regido por un mínimo de 3 concejales, sea cual sea el número de sus habitantes, y que totalizan 67.611 Concejales.
Y parece una broma que, en las últimas elecciones municipales, celebradas en 2015, hubiera una abstención del 20% en el primero y del 66,67% en el segundo.
Creemos que se impone una reforma de esta vetusta distribución territorial del sistema de gobierno municipal, reduciendo el número de Ayuntamientos a 431 lo que, según un estudio de Derecha Liberal Española, supondría una optimización del sistema y un ahorro presupuestario superior a 7.000 millones de euros anuales. https://www.derechaliberal.es/la-organización/
El mes de noviembre del año del Señor 2018, entre otros trajines jurídico-políticos, se inició con la estimación de los Recursos de Casación, en los que el Tribunal Supremo terminaba anulando el número 2 del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el que se determinaba que en las escrituras de préstamo con garantía, el impuesto había de satisfacerlo el prestatario.
Y la cosa ha traído toda la cola que ya todo el mundo conoce. Pues bien, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como suele decirse, el Presidente de nuestro Gobierno se lanzó en tromba a regurgitar una más de las declaraciones populistas a las que no terminamos de habituarnos y, al efecto, declaró en Televisión: “… les anuncio la decisión que mañana tomaremos en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto, y lo paguen el sector financiero, la banca…”.
Y se quedó tan ancho…
Efectivamente, como es un hombre de palabra (de demasiadas), el BOE de 9 de noviembre, acogiendo uno de los acuerdos del Consejo de Ministros del día anterior, publica otro decretazo por el que modifica el Texto impositivo y, en lugar de derogar la Ley, que es lo que están pidiendo la mayoría de los españoles, carga el pago del impuesto a los prestamistas.
Hasta aquí, ningún comentario voy a hacer, diferente a los miles que ya se han pronunciado acerca de la inutilidad de esta medida, dado que, sin duda alguna, los bancos y otros prestamistas repercutirán de alguna forma el impuesto a sus clientes, ni tampoco acerca de la posible inconstitucionalidad del decretazo, por no resultar la forma adecuada de legislar la medida.
Pero sí he reparado en que, además, se introduce una Disposición Final Primera, por la que se modifica el Artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, añadiendo una nueva letra m), por la que señala que ese impuesto sobre las escrituras hipotecarias, o cualquier otra de préstamo con garantías, no será gasto deducible para el pagador, en el Impuesto sobre Sociedades. En otras palabras, que se incrementa el Impuesto de Sociedades en un 25%, sobre el impuesto que las entidades financieras paguen por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Y este despropósito abrirá, de nuevo y sin duda, la caja de los truenos. Porque a mi juicio, y al del artículo 31.1 de la Constitución Española, esta medida resulta confiscatoria.
Y ello, porque el Impuesto sobre Sociedades es un impuesto que grava los beneficios obtenidos y, al no considerar el impuesto sobre las hipotecas, como un gasto, pagará más Impuesto de Sociedades el que haya concedido más hipotecas. Y un ejemplo vale más que mil palabras: El Banco A y el Banco B, obtienen un beneficio total de 10 millones de euros al final del ejercicio; pero el Banco A ha tenido que pagar 1 millón de euros por el dichoso impuesto de las hipotecas, mientras que el Banco B, no ha concedido ninguna. Pues bien, obteniendo ambos el mismo beneficio, el Banco A pagará por Impuesto sobre Sociedades un cuarto de millón de euros más que el B. Y solo por haber dado hipotecas…
Como ven, una vez más, la diatriba está servida. ¿Qué apuestan Uds. a que esto termina en el Constitucional?.
José Ignacio Sánchez Rubio
presidencia@derechaliberal.es
Es bien conocida la sentencia que muchos atribuyen a Ruiz de Santayana “quien olvida su historia, está condenado a repetirla”.
Y, amigos, en España estamos viviendo momentos que la historia recogerá como ejemplo vivo de esa cita.
A comienzos de noviembre de 1975, con Franco ya en la recta final de su vida (fallecería el 20 de noviembre de ese año), Marruecos encontró el momento ideal para expoliar a España de su territorio sahariano. Si digo que el momento era ideal es porque, con el General fuera del juego político, ninguna cabeza dirigente asumía con autoridad la toma de decisiones políticas.
Y a pesar de que el contingente militar español en la región, era más que suficiente para frenar la pretensión, y en contra del deseo de la mayor parte de los españoles, sin tener en cuenta tampoco las Resoluciones de la ONU al respecto, el monarca alauí se encontró con una alfombra, en este caso verde, para la ocupación de la provincia española por parte de un ejército de mujeres, niños y mendigos.
Y así, sin que las fuerzas militares españolas disparasen un solo tiro, y obligadas por los políticos a huir como con conejos, perdimos una de nuestras últimas posesiones.
Hoy, la historia se repite con Ceuta y Melilla, ciudades españoles que el reino marroquí sigue contumazmente reivindicando.
Con la única diferencia del color de la Marcha, que ha cambiado su color Verde por el Negro, este humilde español percibe claramente que, 43 años más tarde, la historia se repite. En esta ocasión, igual que entonces, carecemos de gobierno que tome las drásticas decisiones, políticas y militares, que la situación requiere y, como dice el refrán, “cuando el gato duerme, bailan los ratones”.
Porque todo apunta, por más que nadie lo señale, a que detrás de estos asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, está la negra mano de Marruecos que ve una posibilidad inigualable de ocupar ambas poblaciones cuando sus habitantes, desesperados, las abandonen.
Al igual que en la otra ocasión, nuestras fuerzas se ven obligadas a cesar en su obligación de guarda de las fronteras, ya que los políticos les vedan el uso de la fuerza, incluso para la defensa de sus vidas.
Pero, en esta ocasión, hay más ratones que bailan; son las ratas que encarnan esta banda de políticos izquierdistas que, además, airean en las redes sociales su satisfacción por esta negra invasión. Casi me atrevería a aseverar que, en el fondo, están considerando a este ejército de infelices, como sus particulares huestes con las que enfrentarse al resto de españoles. En otras palabras, quieren ganar la guerra que perdieron, cruzando el Estrecho, como hizo Franco, con su ejército de moros.
Así que, amigos, lo tenemos crudo…
José Ignacio Sánchez Rubio
ignacio.sanchez@derechaliberal.es
Las voces descontentas con el actual sistema político español se alzan a millares, y las redes sociales y comunicaciones electrónicas, único medio asequible económicamente a los sufridos españoles como medio de comunicación, hierven continuamente con el envío y ulterior reenvío de comentarios y chascarrillos al respecto.
Está tan claro que el pueblo español está en desacuerdo con el sistema político de que le han dotado, como que se siente inerme ante ello y recurre, como última opción, a uno de los pocos derechos de los que aún no le han privado: el derecho al pataleo.
Y si analizamos el contenido de todas esas disconformidades verbales y escritas, concluiremos fácilmente que tienen, todas ellas, dos elementos en común: Los efectos del actual sistema político y las causas que los originan.
Es cierto que todos coinciden en que hay que modificar profundamente este sistema leviatánico, y que casi todos apuntan a las soluciones parciales que procede tomar. Incluso, cada vez es mayor el número de individuos que van trashumando políticamente al bando de los antisistema.
Así, son continuas las peticiones de supresión de las Autonomías, de las pensiones de los políticos o de acabar con el despilfarro presupuestario y la corrupción política, pero nadie ha incidido en el quid de la cuestión: Como hacerlo.
Y de esta forma continuamos, después de 40 años de transición, con un sistema político extemporáneo, formado por un refrito de fórmulas extraídas de otros sistemas políticos occidentales, igualmente caducos.
Los economistas suelen coincidir en que, ante cualquier proyecto nuevo, o antes de la reforma de otro ya existente, es necesario formularse tres cuestiones: ¿Qué hacer?, ¿Para qué hacerlo? y ¿Cómo hacerlo?.
Como señalaba más arriba, el personal en su mayoría está de acuerdo visceralmente en la primera de esas cuestiones. En el qué hacer.
Y coincide en que este sistema no nos sirve ya y hay que sustituirlo o transformarlo.
Lo que ya no tienen tan claro nuestros compatriotas es la respuesta a las otras dos cuestiones: El análisis de las causas y la metodología del cambio.
Y el primer punto que hemos de considerar es el de la regulación sustantiva nuclear de nuestro sistema político. Resulta tentador el atribuir la causa de todos nuestros males a la Constitución de 1.978, porque es la madre de todas las normas. Y entiendo que eso constituye un error de bulto porque, aun estando de acuerdo en el fondo con la opinión generalizada de que nuestra Carta Magna requiere profundas modificaciones, debe Ud. convenir conmigo en que la íntima razón de nuestros males se encuentra en la redacción de otras tres Leyes: La de Partidos Políticos (L.O. 6/2002 de 27 de junio), la de Financiación de los Partidos Políticos (L.O. 8/2007 de 4 de julio) y la Electoral (L.O. 5/1985 de 19 de junio).
Porque, solo a semejanza de lo que ocurre con las Leyes y su desarrollo reglamentario, solo después de un riguroso análisis de estas tres normas, que vienen a significar, a su vez, el desarrollo de otros tantos preceptos constitucionales, podremos caer en la cuenta que, con su aplicación, estamos validando aquella otra ley de Murphy que asevera que si algo puede salir mal, terminará saliendo mal, al tiempo que desoímos ese viejo consejo que nos recomienda evitar la ocasión como remedio para evitar el peligro.
Si Ud., amable lector, ha conseguido llegar hasta aquí sin caer en los brazos de Morfeo, le pediría que me acompañe en el siguiente hilo argumental:
Y convendremos todos en que el elemento común y único diferenciador en todo el proceso descrito, es el dinero. O lo que es igual, cuánto cuesta el sistema y de qué forma lo sufragamos.
Eso, amigo lector, es el quid de la cuestión: el dinero.
Y en el trasfondo de cualquier sistema político existente, sigue estando la tripleta de interrogaciones que reflejaba anteriormente: ¿Qué hacer con el dinero de las personas?, ¿Para qué hacerlo? y ¿Cómo hacerlo?.
Y llegados a este punto es cuando aparecen tres variables adicionales: La indolencia, la avaricia y la ética humanas.
No es que pretenda sostener que las personas, en general, son indolentes, avariciosas y deshonestas, porque tampoco es el objeto de este artículo, pero convendrá Ud. conmigo, amigo lector, que en este juego político existen dos manifiestas desigualdades en las reglas. La primera, que los cargos políticos deciden qué hacer con nuestras vidas y haciendas, mientras a nosotros nos está vedado qué hacer con las suyas y, la segunda, que ellos disponen de la fuerza que necesiten para someternos al sistema, fuerza que pagan con nuestro dinero, mientras que el resto de las personas no disponemos de medio coactivo alguno contra ellos.
Y antes de pasar a sugerir cómo afrontar una reforma del sistema, debemos reparar en que, tal y como está planteada la estructura actual de los partidos, estos no representan a los afiliados que los financian, sino que tan solo encarnan la voluntad de aquellos que con su astucia, consiguen encumbrarse en la dirección y control de tales partidos, utilizándolos como plataforma y catapulta para conseguir la condición de Cargos Públicos por elección o designación.
Por todo ello, hemos de considerar que la piedra angular de la necesaria reforma del sistema político, se encuentra en la forma de financiación de los partidos y en el mecanismo que impida que se utilicen como medio de proyección y enriquecimiento personal, a la luz de la imparable corrupción de aquellos y de la mayor parte de sus dirigentes.
Y, por ello mismo, la modificación normativa de la Ley de Partidos Políticos y la de su Financiación, que sugiero a continuación, abrirá la puerta de la indispensable reforma del sistema político.
La actual regulación de la financiación de los Partidos Políticos, se ha revelado deficiente e inútil. Deficiente, porque los convierte en pordioseros, al confiar básicamente su financiación, a un sistema mixto en que se conjugan la caridad limosnera de las cuotas y aportaciones voluntarias de sus afiliados y simpatizantes y la opaca financiación de sus campañas, junto con las subvenciones por gastos electorales.
De contrario, nuestra proposición es la de que los partidos financien su actividad política, de manera exclusiva con una parte de las cuotas por IRPF, equivalente al 0,5% de la recaudación tributaria, y con la aplicación de un sistema que implique la aplicación individual de la cuota de cada contribuyente, durante cada ejercicio, al partido político que prefiera, amén del prorrateo del importe no asignado entre todos los partidos, en proporción a los importes atribuidos, eliminando la posibilidad de que reciban cualquier otro tipo de ingresos. Ello viene a representar, con datos referidos al ejercicio 2016, un importe a repartir, para la financiación de los partidos, del orden de 350 millones de euros anuales, cantidad que, en nuestra opinión debería ser suficiente para la financiación de los partidos.
Esta ventajosa fórmula, frente a la actual, supone la desaparición de todo tipo de subvenciones a los partidos, a cargo del estado o de sus Instituciones y la liberación, en el IRPF, de las deducciones que actualmente se aplican en aquel impuesto por cuotas, aportaciones voluntarias y donaciones. De esta forma, se alcanza:
Pero las medidas reformistas, obviamente, no pueden reducirse a esta y habrán de concatenarse con la incompatibilidad del ejercicio de cargo público electoral o por designación, con el de dirigente de un Partido Político y, por otra, con la modificación de la Ley Electoral en el sentido de que los electores voten a los partidos en lugar de a los candidatos, que serán designados o removidos por los partidos. Pero de ello tendremos que hablar otro día, si Ud. desea seguir leyéndome.
José Ignacio Sánchez Rubio
Presidente de Derecha Liberal Española
Es habitual, cuando no estimamos con precisión una magnitud, añadir ese indefinido taitantos a la decena que lo precede.
Evidentemente, el taitantos tiene un valor y apreciación diferentes en función de la referencia a que lo apliquemos. Así, no tiene igual valoración, el que nos toquen taitantos millones en la lotería, que el que nos condenen a taitantos años de prisión, pongo por caso.
La cuestión es que el taitantos tiene un valor relevante por su ambigüedad; porque el taitantos puede significar cualquier cantidad.
En lo tocante a la edad biológica, cuando nos referimos a la incierta fecha de nacimiento de alguien, es habitual indicar que tiene …taitantos años. Claro que esto se predica solamente a partir de una determinada edad. Como ejemplo, pongamos los veinte años.
Y a partir de esta veintena de primaveras comienzan los irremediables taitantos, que se convierten en inexorables a partir del medio siglo en que, en lugar de primaveras, pasan a ser otoños.
He de confesaros que, al igual que os habrá pasado a muchos de vosotros, hasta que llega la crisis de los cuarenta, esto son paparruchas. Pero a partir de esa cuarentena, la cosa suele cambiar radicalmente.
Por un lado, la velocidad a la que el tiempo transcurre va incrementándose y, a partir de entonces, aquellos años que se hacían eternos, treinta años atrás, empiezan a correr vertiginosamente.
Y es entonces cuando, en lugar de hacer referencia a nuestra edad exacta, empezamos a utilizar el taitantos. Pero, como casi todo es relativo en la vida, tampoco ese referente nos resulta cómodo. Porque no es lo mismo decir que tenemos cuarentaytantos (que ya son bastantes), que confesar que acumulamos ochentaytantos (por ejemplo).
Y eso nada tiene que ver con las facultades físicas e intelectuales de cada uno; porque la merma de potencialidades de unas va, generalmente, acompañada de un incremento de las otras.
Hoy, 9 de enero, este servidor y amigo vuestro ha vuelto a cumplir taitantos años. Por coquetería, no voy a decir el año en que nací, pero sí confesaré públicamente que cincuenta años más tarde de aquel en que vi la luz, decidí aplicarme los taitantos. Así que hoy, una vez más, he cumplido cincuentaytantos años.
Resulta que, personal y virtualmente, tengo alrededor de veinte mil amigos, de los que una buena parte me han enviado su felicitación por haber alcanzado un año más.
Y a todos ellos quiero pediros, por este medio colectivo, mis disculpas por no haberos agradecido, individualmente, vuestra felicitación. Me habría encantado, pero necesitaría otros taitantos meses para hacerlo y, lamentablemente, no dispongo de tanto tiempo.
Así pues, amigos míos, un abrazo para cada uno de vosotros y mi agradecimiento por vuestro recordatorio.
En la imagen os dejo una pista, y el que sepa leer… que lea.
Llevamos ya un tiempo sumidos en la incertidumbre de cual sea el resultado final (si es que hay un final) del disparate secesionista catalán.
Los acontecimientos del 1 de octubre del año del Señor de 2017, con el referéndum-noreferéndum que se llevó a efecto en Cataluña, han desembocado en una especie de estado catatónico de la población, que asiste anonadada a esta especie de disparate, de corte vodevilesco, con que nos atosigan los medios de comunicación y las redes sociales a todas horas y que, para que no falte la nota musical del espectáculo, ha puesto de moda como canción del otoño al memorable “Que viva España” de Manolo Escobar.
Y si no fuera por el dramatismo que la situación encierra, ybque el personal político parece ignorar, habría que pensar que todo esto no es más que una moderna versión del “pan y circo” romanos que, como aquel, tiene la exclusiva misión de dar entretenimiento gratuito al pueblo para que no piense en otras cosas. Cosas como la imbecilidad de los separatistas catalanes, que no son tan tontos, y que han encontrado en este espectáculo la forma de cobrar un jugoso sueldo cada mes y, ¿tal vez?, el premio del bote final que consiste en quedarse con los más de tres millones de Hectáreas de fértil terreno que ocupa Cataluña, sin pagar un solo euro por ello. O cosas como las impenitentes vacilaciones del Gobierno de Rajoy a la hora de castrar el proyecto separatista.
Me ha dado por meditar acerca de lo que estarían pensando los padres de nuestra Constitución de 1978 cuando, después de crear las Comunidades Autónomas, redactaron el hoy famoso Artículo 155. Un artículo de corte punitivo (pero no tanto), que de forma ambigua permite que el Gobierno, previa aprobación por la mayoría del Senado, adopte las medidas necesarias para obligar a aquellas al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o a que proteja el interés general.
Desde luego, no se me ocurre que pasara por la cabeza de ninguno de los siete padres de la Constitución, el que alguna de las Comunidades Autónomas recién constituidas entonces, quisiera separarse del resto de España; es más, para eso estaba ya el Código Penal que castigaba (y sigue castigando) las conductas separatistas en cualquiera de sus formas.
Y tanto es así, que hasta el momento nadie ha desarrollado reglamentariamente este popular Artículo 155 y, en consecuencia, ahora el gobierno deambula entre continuas improvisaciones de las que surgen a diario variadas interpretaciones.
Tengan en cuenta Uds., amigos lectores (hay que ser muy amigo mío para llegar hasta aquí y seguir leyendo), que no estamos ante ilícitos penales cometidos por una institución como la Comunidad Autónoma, o el Parlamento Catalán, o el propio Gobierno de la Generalidad. Porque las instituciones no cometen delitos; en todo caso, los delincuentes son las personas físicas que, como tales, encarnan los cargos institucionales. Y por eso, este artículo 155, resulta pura fanfarria. Por supuesto, sin perjuicio de que el Gobierno pueda disolver el parlamento catalán y convocar nuevas elecciones autonómicas, medida de muy dudosa constitucionalidad, porque no está claramente definida en la Constitución y parece contraria a lo que dispone la propia Norma en su artículo 2, en cuanto al derecho de Autonomía.
En otras palabras, vamos a ver qué pasa en los días que siguen al momento en que escribo estas líneas, jueves 26 de octubre del año del Señor de 2017. Porque bien podríamos encontrarnos con que los separatistas sigan erre que erre con su latrocinosa conducta, o con que el Gobierno del Partido Popular adopte medidas que, después, el Tribunal Constitucional anule por contrarias al derecho. Sí, por descabellado que parezca, aquí cabe cualquier posibilidad y, como decía aquel adivino, lo más seguro es… que ya veremos.
Con lo sencillo que resultaría la aplicación de los Títulos XXI y XXII del Libro Segundo del Código Penal a cada uno de los facinerosos, y lo rápida que se presentaría la solución del problema.
Eso sí, estamos en España, y España “is different”. Por eso, inmediatamente han comenzado a surgir y a circular por las redes sociales chascarrillos de todo tipo, como ese que aludiendo al próximo sorteo de la Lotería de navidad, una de las pocas tradiciones que se conservan, dice que el número 155 va a caer muy repartido.
Servidor de Uds.
José Ignacio Sánchez Rubio
ignacio@derechaliberal.es
La realidad es tozuda y termina imponiéndose a la esperanza de los españoles y a la entelequia del partido popular, encarnado en el presidente del gobierno.
Una de las leyes de Murphy es reticente: “Si algo malo puede suceder, sucederá”.
Hace mucho tiempo que muchos veníamos creyendo que la independencia de Cataluña podría llegar, de no tomarse a tiempo las medidas adecuadas para su impedimento; razonamiento que, por otra parte, lo podría haber formulado Perogrullo, aquel que decía que una mano cerrada es un puño.
Aquel aquelarre que creó Zparo durante sus siete años de disparates, y nuestra ingenuidad cuando confiamos la solución a este ¿Presidente de Gobierno? que sufrimos, son el motivo esencial de estos lodos. Y el final, si es que esto tiene final, es simple, el zarpazo de esos centenares de bandidos, que en vez de recurrir a la faca para sus tropelías, se van a apropiar sin soltar un duro, de más de 3 millones de Ha. (cada Ha. tiene 10.000 metros cuadrados) de nuestra España.
¿Y cuándo lo hayan hecho, qué…?
Hasta entonces, podemos seguir con nuestra ingenuidad, pensando en la situación se va arreglar sola, o que quien no lo ha hecho a tiempo, va a solucionarlo de una forma milagrosa.
Pero también podemos hacer lo que hasta ahora no hemos hecho: juntarnos todos, porque somos muchos más que los felones, y enfrentarnos a esta banda de ladrones.
En Derecha Liberal Española hacemos lo que podemos, que nos es otra cosa que predicar en el desierto que, como todo el mundo sabe, no es otra cosa que un sermón perdido.
Pero, en cualquier caso, vamos a seguir adelante con nuestro proyecto de cambiar este disparate, empezando por proponer a los españoles que hagamos lo que todo el mundo empieza a clamar ya: Suprimir las Autonomías y quitarles de las manos a todos estos malnacidos ese enorme instrumento de poder que la Constitución de 1978 puso en sus manos.
Y por todo esto, aquí seguimos, sin medios materiales apenas, como prueban nuestras cuentas que, contumazmente, seguimos publicando cada mes. Mírelas, si quiere, pinchando el enlace.
https://www.dropbox.com/s/sym8h0bgc2t84st/Cuentas%20%20septiembre%202017.pdf?raw=1
El domingo 7 de diciembre de 1941, la Armada Japonesa atacó, de improviso, la base norteamericana de Pearl Harbour, en el archipiélago de Hawaii.
Este hecho militar, ampliamente difundido, motivó la entrada de EEUU en la Segunda Guerra Mundial y, con ello, balanceó su resultado como ya es ampliamente conocido.
En el día de hoy, 6 de septiembre de 2017, los grupos independentistas de Cataluña han alumbrado el hecho motivante de un futuro, cuyo ningún vidente creo que pueda pronosticar. Y se han puesto a la tarea de aprobar la Ley que les independice del resto de España.
La cuestión es que entre ambos acontecimientos, al margen de las connotaciones sangrientas, existe multitud de coincidencias.
Según parece, y de acuerdo con las notas historias (reveladas o encubiertas), el Gobierno de Franklin Delano Rooswelt tenía amplia información de sus servicios de información, acerca del ataque, pero no tomó las medidas adecuadas para evitar la consumación del ataque para, así, disponer de una excusa razonable para incorporarse a la contienda como beligerante.
Pero en aquellos momentos, hace más de setenta y cinco años, no existían los medios de comunicación de que hoy disfrutamos. Porque de haber existido Internet y las redes sociales, ¿De qué disculpa podría haber valido en entonces Presidente de EEUU para justificar su pasividad?.
Hoy, no solo todo el mundo conoce la situación catalana sino que, además, es continuo el chorreo informativo de los alardes secesionistas.
Titulo este artículo parafraseando el de una película de 1980. Para los pocos lectores que aún no la hayan visionado, la acción se sitúa cuarenta años después del ataque de Pearl Harbour. El moderno portaaviones Nimitz de la Marina Americana se ve arrastrado en el tiempo a un día antes de que se consumara el ataque japonés, en la misma zona de intervención, con la posibilidad de darle una vuelta total a la historia, gracias a la potencia de fuego de la nave, frente a la anticuada técnica combativa nipona. Después de numerosas disquisiciones de los actores, acerca de la posibilidad o no de cambiar la historia, de modificar lo que ya ha acontecido, cuando el comandante de la nave decide atacar a la flota japonesa, la misma tormenta anterior lo devuelve a la realidad de su tiempo.
Según se atribuye a Confucio, “el pueblo de ignora su historia, está condenado a repetirla”. Y lo que les pasa a buena parte de los españoles (y de los que se titulan españoles pero realmente no lo son), es que no conocieron nunca, ni realmente ni por lectura de la historia, los acontecimientos por los que pasaron nuestros padres y abuelos.
Sin el debido respeto, porque no me merece ninguno, el Presidente de nuestro Gobierno, jugando a la política, y conociendo las diabólicas posibilidades que para España tiene su permisividad para con los secesionistas catalanes, permite que continúe este dislate, sean cuales sean sus motivaciones personales.
En la película de Don Taylor, a un grupo de soldados americanos se les concede, durante un corto espacio de tiempo, la posibilidad de devolver la historia al lugar que, razonablemente, debería haber ocupado. Mucho me temo que aquello, es solo cine, en estos momentos la realidad supera a la ficción.
¡¡¡Que Dios nos coja confesados…!!! (y discúlpenme que no me refiera a Alá, que parece que es el llamado a gobernar en este país).
Los medios de comunicación y las redes sociales andan revolucionados con la manifestación que, según parece, se producirá el último domingo de este agosto sangriento del año del Señor de 2017.
Quede claro que, de ninguna forma, comparto aquella sentencia que dice, algo así como que, “El que no está conmigo, está contra mí”. Y lo anticipo para que nadie crea que comparto, en medida alguna, los propósitos yihadistas.
No, no iré por dos motivos que relaciono por importancia conceptual creciente.
Primer motivo: No estoy de acuerdo con las manifestaciones de ningún tipo porque, por muy pacíficas que sean, limitan y coartan el derecho a la libertad de deambulación del resto de los ciudadanos, y creo que las verdaderas protestas ciudadanas han de producirse en el momento de elegir a quienes dirigen al Estado y a sus Instituciones.
Ahora, después de este cruento atentado islámico, al igual que ha sucedido en otras muchas ocasiones anteriores, se pretende enjugar la pena y la responsabilidad a base de velas, condenas, llantos y manifestaciones populares.
Como hace unos pocos días proclamaba en su homilía un sacerdote de Madrid, esta forma de apagar nuestros remordimientos no sirve para nada, y tampoco nos exonera de culpa. Pero tampoco admito la aplicación de la ley del Talión.
En lo que creo, es en la efectividad de un radical cambio de rumbo en el sistema político de que nos valemos para armonizar nuestra vida en común, que no se resuelve con una sustitución de los gestores públicos sino, como indico, con un cambio de sistema de gobierno que nos devuelva la propia identidad y valores que poseímos hace algún tiempo.
Segundo motivo: Como no podía ser de otra manera, toda la chusma política se ha apuntado a esta manifestación, que más bien va a semejarse a la pasarela Cibeles o al desfile marbellí de la segunda quincena de cada mes de agosto.
Cada día de los que están precediendo a la celebración de la concentración, todos los representantes de los partidos políticos, incluyendo los terroristas y separatistas, se están pegando por ocupar el mejor de los sitios en la cabecera de la manifa, y buscando aparecer como los verdaderos y legítimos autores de la convocatoria; eso sí, vituperando, cada uno a su manera, el oportunismo de los demás partidos que tienen previsto asistir.
Por supuesto, además, el Gobierno y la morralla catalanista se disputan la primacía de su autoridad en la organización y la dirección del evento. Hasta tal punto, que el Gobierno, con nuestros impuestos, va a financiar la asistencia VIP para todos los cargos públicos que vayan a desplazarse a Barcelona. Incluso, como detalle pintoresco, y según indican los medios de comunicación, el primero que ya se ha apuntado al festival gratuito ha sido el principal dirigente de Podemos.
Me imagino, anticipadamente, el ambiente que se va a respirar en la manifestación, en la que cada uno intentará sacar el máximo rendimiento político, en una mezcolanza heterogénea e irrespirable de mentalidades totalmente enfrentadas. Y hasta es posible que terminen a tortas unos y otros.
Desde luego, y a pesar de que abomino de las manifestaciones, si cada político que asiste lo hubiera hecho pagando de su propio bolsillo los gastos de desplazamiento, y si no se estuviera trufando la organización con esa peste electoralista, claro que iría a Barcelona a mezclarme con el resto de los compatriotas que abominan de esos crímenes execrables que motivan la manifestación.
Y por todo esto y porque , sin ser monárquico convencido, creo que la institución real es de lo poco sano que nos queda, me atrevo desde aquí a pedirle a nuestro Rey, que tampoco asista a ese esperpento que están montando a mayor gloria de la turba política. Señor, no convalide Su Majestad, con su presencia, esa astracanada, y salve lo poco digno que nos queda de nuestras Instituciones.