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Ayer 24 de julio, según parece, la cuadrilla que nos torea en Baleares (no está muy claro quién es el primer espada), aprobó la nueva normativa taurina en el archipiélago que ahora quieren convertir en una Federación de Islas.
Vaya por delante que no soy un entendido en la fiesta nacional, y que mis conocimientos del arte de la lidia no son abundantes pero, aun así, me gustan los toros. Y aunque mi capacidad de sorpresa política está prácticamente agotada, ayer, después de leer la noticia, volví a sorprenderme por esta, que no sé si se refiere al ordenamiento jurídico de la fiesta, o es otra astracanada mas adecuada al día de los Inocentes.
Y detallo. La primera modificación que introduce la cuadrilla balear en el reglamento taurino es que, antes de salir a la plaza, al toro lo tienen que examinar el veterinario y el presidente de la plaza para comprobar que se encuentra en plenas facultades físicas y psíquicas, además de practicarle un control antidoping. Además, al toro habrá que someterle, después de la corrida, a un nuevo examen clínico para verificar que sus facultades psíquicas no se han visto mermadas. Nada dice la noticia en cuanto al tratamiento psicológico al que debe someterse al animal que haya sufrido algún trastorno mental durante la lidia.
Continúa, la norma taurina aprobada, limitando las armas del torero al capote y la muleta, prohibiendo el uso de banderillas, puyas o estoques y, obviamente, el bicho ha de ser devuelto a los corrales en plenitud de facultades; entiendo que algo así como el trato que para con los terroristas pretende que se aplique la Alcaldesa de Madrid. Lo que no he visto en la redacción de este disparate, es si el torero puede defenderse con puñetazos, patadas y mordiscos de la acometida de la fiera.
Y, ya metidos en gastos, señores matadores, mucho ojito con producirle algún daño psíquico al morlaco, porque serán sancionados con multas de hasta 100.000 euros. Así que, si el toro es zaíno, no se les ocurra llamarlo negro porque, además del daño psíquico que pueden producirle, es posible que les tilden de racistas, aunque ese aspecto todavía no lo contempla la norma balear.
Por seguir disparatando, se me ocurre que, en el futbol, nada justifica el dolor que sufre el equipo que pierde un partido y que también acompaña a todos sus seguidores. Por eso, creo que deberían también regular el espectáculo del futbol.
Me explico y propongo lo siguiente: Para evitar el daño psíquico que produce a los aficionados la derrota de su equipo, los campos de futbol no deben tener porterías y así no habrá goles; de esta forma, no perderá el partido ningún equipo. Y puesto que no habrá porterías, tampoco habrá porteros, con lo cual el presupuesto del equipo disminuiría en casi un diez por ciento.
Además, para no ser menos que los toros, los partidos habrían de durar media hora, que es el tiempo que los políticos han establecido como duración máxima de las corridas. Total, si no hay goles, para qué va a durar más.
¿Qué opinan de todo esto?. A mí me parece que no estamos en un país de locos, sino de bobos. La cuadrilla balear no está loca, ellos están a lo suyo que no es otra cosa que seguir cobrando, y que nosotros lo paguemos.
Pero fíjense, se preocupan del bienestar físico y psíquico de los toros de lidia, pero les importa un bledo el sufrimiento de los borregos; los borregos en que nos hemos convertido los contribuyentes.
Y como las desgracias nunca vienen solas, habrá que ir eliminado del tratado de ocurrencias, aquel chascarrillo en que uno le dice a otro:
¡¡¡Oye tú, donde esté una buena corrida que se quite el futbol…!!!.
¡¡¡Sí, y los toros…!!!, contesta el otro.
Amigos (y enemigos) míos; la primera de las leyes de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal.
Empírico o no, la realidad es que la tozudez de los acontecimientos ha convertido en axioma este principio.
Y he de confesarles que, igual que les sucederá a muchos de Uds., uno está ya harto de tanto magreo al franquismo.
A finales de abril, cuando después de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, la Autonomía andaluza dio a luz su propia y personal Ley de Memoria Histórica, ya les anticipaba mi convicción de que se había levantado la veda para que muchas otras Autonomías elevaran el listón, en una especie de histriónica competición entre botarates (véase https://sanchezrubio.eu/?p=472).
Pues amigos (y enemigos) míos, ya tenemos otra Autonomía que se ha lanzado a la pelea: la de Aragón.
Y según me entero por la prensa, los maños izquierdistas acaban de aprobar su Ley de Memoria Democrática en la que, al parecer (el texto aún no se ha publicado), quieren ser más “fatos” que nadie.
De las notas de prensa que se publican, deduzco que esta nueva Ley de 2017 pretende:
Amigos míos (y enemigos también), por mal camino vamos ya desde hace tiempo, porque esta utilización que del tiempo que nosotros le pagamos hacen los políticos, solo contribuye a atizar el odio entre los españoles; un odio que yo, ingenuo, creí que había desaparecido cuando, muerto Franco, nos unimos casi todos para iniciar una nueva andadura.
Al final, cada Autonomía terminará teniendo su propia Ley en la que manipule a conveniencia de los mentecatos que nos gobiernan.
Claro que más mentecatos somos nosotros que no solo les damos nuestro voto sino que, además, les pagamos los sueldos que quieren ponerse.
¿Hay quien dé más?. Seguro que sí, porque esto solo terminará a hostias, ya lo verán.
No hay día en que no nos desayunemos y acostemos con las crecientes provocaciones de los independentistas catalanes buscando, tal vez, poner al Gobierno del Partido Popular en el disparadero de tomar medidas que justifiquen una violenta respuesta callejera de aquellos malnacidos.
Los medios de comunicación y las redes sociales dedican una buena parte de sus espacios a dar publicidad a contenidos de tal tenor, y más bien parece que sin ese tipo de noticias el número de sus páginas quedaría diezmado.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda sigue financiando sin límites la borrachera secesionista, como si los bolsillos de los contribuyentes españoles no tuvieran fondo.
Yo me pregunto si todo este fogueo no tendrá otro objetivo que el de distraer nuestra atención de la imperiosa necesidad de corregir el más garrafal de los errores de nuestra preciada Constitución de 1.978, el de eliminar de nuestro ordenamiento político el Título VIII de la Constitución que, para los que no lo recuerden, establece y regula el funcionamiento de las Comunidades Autónomas.
Y si formulo este juicio de valor, que Derecha Liberal Española y algún otro partido incluyen en su programa de gobierno, es consecuencia de una amplia argumentación que se inicia con el hecho, indiscutible, de que siendo los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas parte de la organización territorial del Estado, resulta un dislate que sean la fuente de alimentación de todos los que pretenden independizarse del Estado, y que el Gobierno de la Nación lo consienta.
Por eso sigo preguntándome, e imagino que no soy el único que lo hace, hasta cuándo va a seguir el Gobierno del Partido Popular financiando, con nuestro dinero, los sueldos y prebendas de que disfrutan todos esos indeseables que, sin duda, no dedicarían su tiempo y nuestro dinero a provocar este alboroto, si tuvieran que ganarse el sustento de la forma en que lo hacemos todos los imbéciles que los soportamos.
El Tribunal Constitucional acaba de declarar nulos 3 artículos de la Ley que regula el Tributo Municipal del Incremento del Valor de los Terrenos, usualmente conocido como Plusvalía, en el sentido de que no procede su liquidación, cuando en la transmisión se produzcan pérdidas para el transmitente (el que tiene que pagar la plusvalía).
Nos alegra sobremanera que por esta vía se vayan corrigiendo los desmanes de la pseudopolítica actual, que se reduce a la creación de gasto público y a buscar la manera de exprimir, más aún, a los pacientes contribuyentes para financiarlo.
Y decimos que nos alegra, porque este es uno de los puntos del programa político de DERECHA LIBERAL ESPAÑOLA (DLE) (https://www.derechaliberal.es/el-programa/). Y como lo que pretendemos es la sustitución del modelo político actual, tanto nos da que los cambios legislativos que propugnamos se logren por la vía legislativa o por la jurisdiccional. El caso es que se lleven a cabo.
No obstante, no vamos a retirar de nuestro programa esta reforma tributaria porque, por experiencia, sabemos que los políticos buscarán ahora la manera de que el fallo de esta sentencia constitucional no se aplique, reinterpretándola en el sentido más conveniente para ellos, que no es otro que de seguir recaudando.
Reduce la Sentencia del TC su aplicación, al caso de que en la transmisión de un inmueble el vendedor haya tenido pérdidas. Pero, ¿qué es tener pérdidas?; porque, salvo que se produzca alguna aclaración de la Sentencia, la Sentencia no lo indica. Por ejemplo, supongamos que vende Ud. en 2017 por 100.000 euros, una vivienda que compró hace 30 años por 7 millones de pesetas. Si hace Ud. la transformación de pesetas a euros, verá que le costó algo más de 42.000 euros, así que el Ayuntamiento correspondiente le dirá que tiene que pagar la plusvalía, porque no ha perdido dinero sino que ha ganado casi 58.000 euros.
Pero considere Ud. lo que valían 166 pesetas de las de hace 30 años, frente a lo que Ud. puede adquirir hoy por 1 Euro; en otras palabras, si Ud. aplica una corrección monetaria a los 7 millones de pesetas de 1.987 resulta que, en realidad, ha perdido casi 6.000 euros. Pero no, eso no cuenta y tendrá Ud. que apoquinar la plusvalía.
El fundamento de esta propuesta del programa de DEL se encuentra en la duplicidad de figuras impositivas, figura que se encuentra proscrita en el ordenamiento fiscal por constituir una doble imposición, ya el mismo concepto (renta obtenida), se grava en más de una ocasión.
Consideren Uds. que, además de por el Impuesto sobre la Renta de sobre Sociedades, que sujeta a tributación los beneficios obtenidos en la transmisión de cualquier inmueble, este mismo beneficio ha de pagar, por parte del mismo perceptor, por el Incremento del Valor de los Terrenos (Plusvalía) e, incluso, si el importe obtenido en la transmisión, en lugar de gastarlo, lo invierte en la adquisición de otro inmueble, tendrá que pagar otros dos impuestos, el del Patrimonio y el de Bienes Inmuebles (IBI).
Y este es el motivo, entre otros, de que en DERECHA LIBERAL ESPAÑOLA, mantengamos en nuestro programa electoral la supresión de los Impuestos sobre el Patrimonio, Bienes Inmuebles e Incremento del Valor de los Terrenos.
ignacio.sanchez@derechaliberal.es
Béjar siempre fue conocida como la ciudad de los paños. Y también por aquel dicho popular: “Béjar, ciudad bravía, cuarenta tabernas y una librería”.
Hoy, muchos dudan de la existencia futura de mi amada Béjar. Y no les falta razón porque, de igual forma que sucede con las personas, todas las cosas tienen una duración en la vida. Todo en este mundo es finito, todo termina acabando.
Y, a semejanza de las personas, de dos maneras pueden acabar su existencia las cosas: de forma gradual y de forma rápida.
Y Béjar, nuestra ciudad, se nos está yendo de forma gradual.
Pocos son ajenos al hecho de que cualquier cosa viva, material o inmaterial, termina donde acaba su trayectoria. Y todos le hemos vaticinado a otro alguna vez aquello de: “Si sigues por este camino, acabarás mal”.
Es claro que en las personas, el nivel vital lo marca el estado general de salud; y en las ciudades, es su demografía la que determina el grado de estabilidad de un núcleo de población. Bueno es recordar, al respecto, aquel viejo refrán que dice: “¿Dónde va Vicente?, donde va la gente”.
¿Y qué pasa con nuestra gente?; ¿dónde se ha ido?.
La historia y la estadística son buenas herramientas para pronosticar el destino de cualquier cosa viva. Y si reparamos en la historia, resulta que Béjar tiene hoy 13.403 habitantes; más o menos los mismos que tenía hace ciento cuarenta años.
Pero hace 140 años, la población de España era de algo más de dieciséis millones y medio de habitantes, y hoy pasa de 47 millones. En otras palabras: Hace 140 años, de cada 1.300 españoles, uno era vecino de Béjar; hoy la proporción ha cambiado drásticamente y, solo viven en nuestra ciudad 1 de cada 3.500 españoles. Y no muy diferente es la situación de otros pueblos de alrededor.
Por ejemplo, el pueblo que me vio nacer, Horcajo de Montemayor, tenía 600 habitantes hace 75 años; hoy quedan 150 con tendencia a seguir bajando.
Hagan ustedes cálculos.
Pero sigamos con la estadística. Hace 45 años, a la población de Béjar le faltaban 50 almas para llegar a los 18.000 habitantes. Desde entonces, la curva demográfica ha sido decreciente, perdiendo en estos 45 años, de forma lineal, más de una cuarta parte de su población.
De poco sirve argüir que esto se debe a la atracción que sobre la población más joven han tenido las grandes ciudades; en lo que tenemos que estar de acuerdo es que, al margen de las causas, si la población sigue descendiendo, la desaparición de muestra entrañable ciudad está garantizada.
Es muy probable que ni yo, ni otros viejos del lugar acudamos al funeral, porque ya habremos dejado este bendito mundo, pero opino que alguien tiene que ponerle al gato del problema el cascabel de la solución.
Desgraciadamente, no está ya entre nosotros el genial Ángel Menéndez que podría darnos la respuesta por medio de Kalikatres sapientísimo, sabio donde los hubiera.
Pero, como señalo, algo hay que hacer. Y rápidamente.
Una de las causas de este fenómeno es la organización político-territorial. En la actualidad la célula política inferior de España es el Ayuntamiento; y tenemos en España 8.126 Ayuntamientos para una población de alrededor de 47 millones de habitantes. De ellos, 4.200 Ayuntamientos tienen menos de 600 habitantes, pero lo más sorprendente es que esta cifra incluye 500 con menos de 50 vecinos cada uno. Y cada uno de estos Ayuntamientos tiene su propia estructura corporativa, que incluye entre 3 y 7 concejales por cada Ayuntamiento, dependiendo del número de habitantes. Ilustrativo es el caso de Jaramillo Quemado (Burgos) que con 5 habitantes, tiene un Ayuntamiento con tres concejales; igual que sucede con otras 12 poblaciones que tienen igual estructura municipal con menos de 10 habitantes cada una.
La estructura territorial de los Ayuntamientos data de 1833, cuando no había en España carreteras sino caminos y, por supuesto, no existían Internet, ni teléfonos, ni automóviles, ni siquiera la electricidad había llegado a nuestro país. Pero se sigue conservando este modelo, y ello resulta ser el mayor de los frenos al desarrollo de nuestros pueblos. Y por eso mismo, podemos dar por segura, a medio plazo, la desaparición de más de 3.000 pueblos.
En relación con esto, una de las soluciones para resolver el problema extintivo de nuestra Béjar, y del resto de los pequeños municipios españoles, es el de la agrupación. No debe ser casual que la raíz etimológica de Ayuntamiento sea la de “ayuntar”, o ajuntar; y es ese el sentido que debe presidir la urgente necesidad de modificar las leyes que estructuran el ámbito territorial de los Ayuntamientos.
Un partido político, DERECHA LIBERAL ESPAÑOLA, reclama en su programa una reforma del sistema municipal, soportada por un estudio que incluye la redefinición municipal de todo el territorio nacional, distribuyéndolo en 1.007 Ayuntamientos comprensivos de las poblaciones sitas alrededor de cada una de las que tienen una población superior a 7.000 habitantes.
En este sentido, la provincia de Salamanca, con una superficie de 12.531 Km2 y una población de 335.985 habitantes, distribuidos entre los 362 pueblos que albergan otros tantos Ayuntamientos, debe quedar dividida en 4 Ayuntamientos con sede en las ciudades de Salamanca, Béjar, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte.
Por lo que al de Béjar se refiere, su Ayuntamiento incluirá 100 pueblos de su entorno, con una superficie total de 2.458 Km2 y una población conjunta de 41.030 habitantes.
Obviamente, la reforma municipal ha de incluir la redefinición de las competencias de los Ayuntamientos que, entre otras, comprende las que hoy se encuentran atribuidas a las Diputaciones Provinciales y que, con esta reforma, deben desaparecer por falta de contenido.
Señalar finalmente que, estas medidas, además de otros muchos beneficios para todos los pueblos españoles, comportará un ahorro presupuestario superior a mil cuatrocientos millones de euros.
Servidor de Uds.
José Ignacio Sánchez Rubio
ignacio.sanchez@derechaliberal.es
Se dice que cuando Franco quería distraer la atención de los españoles, ordenaba que se celebraran corridas de toros o partidos de futbol. Como el “pan y circo”, de la época romana.
Ahora, en que los tiempos han cambiado, todos los progres se apuntan a prohibir las corridas y la abundancia de partidos de futbol ha dejado fuera de juego la utilización de este recurso como distracción política.
Y será por eso, que el Boletín Oficial del Estado del viernes 21 de abril de 2017 nos sorprende con otra ¿ley?, dictada esta vez por el Parlamento Andaluz: la Ley 2/2017 de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Según parece, no bastaba con la Ley de Memoria Histórica de 2007 que nos alumbró nuestro Ángel de la Guarda Don José Luis Rodríguez Zparo; su avispada discípula de Andalucía no quería ser menos y nos trae hoy esta joya literaria cuya lectura recomiendo a los masoquistas.
A lo que parece, y si nadie lo remedia, en Andalucía habrá un día conmemorativo más: el 14 de junio. Ese día se denominará pomposamente: “DIA DE RECUERDO Y HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL GOLPE MILITAR Y LA DICTADURA”. Juzguen ustedes mismos.
Uno de los parágrafos de esta ¿Ley? que más me ha llamado la atención es el que se incluye en su Artículo 4.b) que, para que no se molesten Uds. en localizarlo, reza así:
“Víctimas: De conformidad con la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, son todas las andaluzas y andaluces que, por su lucha por los derechos y libertades del pueblo andaluz, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y libertades públicas, como consecuencia de acciones u omisiones que violan las normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos durante el periodo que abarca la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. De igual forma, y en los términos y alcance que se expresa en esta ley, se considerarán víctimas a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.”
Y como jurista, he de confesarles a Uds. que ignoraba que la Resolución de la ONU, a la que se refiere ese artículo de la ¿Ley?, se refiriera a las andaluzas y los andaluces; como tampoco pensé nunca que Andalucía fuese un Estado integrante de la ONU, ya que las Resoluciones de ese Organismo Internacional se dirigen únicamente a sus Estados miembros.
Pero, entre las muchas dudas que me asaltan, también desde el punto de vista jurídico, es si todos aquellos (y aquellas, claro), que acrediten ser víctimas a los efectos de esa Ley, tendrán derecho a una doble compensación y reparación, ya que la otra Ley, la de Zparo, reconoce ese mismo derecho a todos los españoles (y españolas, claro).
La verdad, amigos es que el que, a estas alturas de la vida, se sorprenda por la publicación de esta Ley, tendría que hacérselo mirar; porque lo que parece es que esto seguirá siendo la tónica diaria.
Nada me sorprendería, que sigan por ese camino el resto de las Autonomías, y cada una de las demás se saque su propia Ley de Memoria Histórica. Y ya puestos, y para preservar la igualdad de derechos, ¿por qué no se hace una ordenanza de la Memoria Histórica cada uno de los 8.122 Ayuntamientos de nuestra querida España?.
Si es así, me ofrezco al de mi pueblo, Horcajo de Montemayor, para asesorar a la Corporación en esta cuestión. Y puesto que se trata de una cuestión de capital importancia para todos mis paisanos, mi colaboración sería totalmente gratuita.
Manda huevos…, que dirían otros.
Hace unos cuantos años, cuando un niño pedía algo que, a juicio de los mayores no se correspondía con su edad, recibía una promesa: “cuando seas padre, comerás huevos”.
Está claro que a todos los chiquillos de la época nos apetecía comerlos; los huevos, además de su valor nutritivo, resultan un manjar en cualquiera de las formas en que se prepare, sobre todo si están fritos, con su puntillita…
Pero con todo, y además de considerar que ese manjar en otro tiempo era un artículo de lujo, todos los infantes nos preguntábamos más de una vez, qué querían decirnos con esa expresión. Y más de uno lo preguntó en alguna ocasión.
Probablemente, la respuesta única era la misma: “Cuando seas mayor lo entenderás”.
Les confieso que ya soy mayor, bastante mayor (siempre confieso los mismos cincuenta y tantos) y todavía no he conseguido conocer el exacto sentido del refrán. Ni siquiera a pesar de ser padre, o tal vez sea porque no he sido un buen padre.
Pero he comido huevos, además de tener hijos (tres y fantásticos), plantar un árbol y escribir un libro y, como les digo, sigo sin saber si el dicho se refería a la responsabilidad que se adquiere con la edad, o si quería ensalzar el valor del trabajo y del ahorro, o si es que los huevos solo los han de comer los padres por aquello de que se creía aquello que se come.
La cuestión es que como hoy es el día del Padre, hace tiempo que no escribo nada aquí y muchos de mis amigos virtuales me lo han recriminado cariñosamente, me ha dado por pensar en lo mucho que ha cambiado nuestra sociedad (tengo dudas de si para mejor). Porque no creo que ya ninguno de nuestros niños esté ilusionado con ser padre para poder empujarse un buen par de huevos.
Así que, amigos míos, hoy comeré huevos.
La duda que me queda es si las chicas comerán también huevos.
Y con mis felicitaciones a todos los padres y los Pepes, aunque no lo sean, una sugerencia a todos: Intentemos recuperar las tradiciones y la familia. Eso solo nos traerá beneficios.
La vida de cualquier persona, está jalonada por hitos, por acontecimientos que dejan una huella indeleble en la memoria.
Esos acontecimientos, unos buenos y otros malos, permanecen en el recuerdo de cada uno de nosotros porque son inhabituales, y también porque destacan considerablemente sobre el resto de los hechos que nos acontecen.
Y esta reflexión que me hago, ¿a qué viene?.
Pues les explico; ayer 9 de enero, inexorablemente volví a cumplir un año más, sobre los cincuenta y tantos que ya cargo a mis espaldas, que calculo que no son menos anchas que las de Calvo Sotelo, para poder soportar la cantidad de putadas que he recibido a lo largo de mi vida.
También es cierto que en todo el tiempo que llevo vivo, he recibido satisfacciones y alegrías. Pero para lo que mi alma no estaba preparada, era para recibir ayer, 9 de enero, la catarata de felicitaciones que me llegaron al IPhone; por mail, WhatsApp, Messenger o llamada directa. Tantas, que el día entero estuvo amenizado por el continuo pitido de los avisos de mensajes de felicitación por el aniversario.
Felicitación arriba, felicitación abajo, fueron más de mil doscientos los amigos que se acordaron de mi cumpleaños. Pero la cosa llega más allá; de todos los que me felicitaron, apenas conozco personalmente a más de sesenta o setenta; el resto son amigos virtuales, personas que me distinguen con su amistad sin conocerme ellos tampoco.
Entenderán mis amigos, que me fuera imposible agradecerles a todos ellos, de forma directa, su atención al felicitarme y, por eso mismo, espero que me disculparán por ello y que aceptarán como agradecimiento personal y directo, estas líneas que escribo con todo el cariño que puede destilar mi, ya viejo, corazón.
Anoche, cuando llegué a casa, eché un vistazo a mi cuenta de Facebook y me quedé sorprendido por el número de amigos que tengo en esa red, y que hasta ayer no había contado; y es que apenas restan cuatro docenas para que sean cinco mil las personas que, sin conocerme personalmente, me han convertido en su amigo.
Por todo eso, amigos míos, permitidme que colectivamente, ya que de forma individual no me resulta posible, os agradezca profundamente vuestra felicitación de ayer y, por encima de todo, que os quede eternamente reconocido por haberme permitido ser, también yo, vuestro amigo.
Y, como sois mis amigos, aquí me tenéis para todo aquello en que pueda seros útil
José Ignacio Sánchez Rubio
ignacio.sanchez@derechaliberal.es
Tenemos en España 8.122 Ayuntamientos, que se ocupan de la gestión política y económica de otros tantos municipios. Para ello, los españoles elegimos cada cuatro años a casi 68.000 concejales, lo que viene a representar 1 concejal cada 700 habitantes, aproximadamente.
Hasta aquí, nada que objetar si no fuera por la diferente proporción que existe en los distintos municipios. Así, mientras que en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos 1 concejal por cada 55.123 habitantes, en pueblos como Horcajo de Montemayor, en la provincia de Salamanca, la proporción es de 1 concejal por cada 30 habitantes.
Como les digo, Horcajo, antigua posesión del Marquesado de Montemayor y al que debo mi ius sanguinis, es un precioso pueblo salmantino, a los pies de Béjar y cercano a la Sierra de Francia, lugar excelente para la elaboración de los diversos productos del cerdo.
Si Ud. decide darse una vuelta por Horcajo, es posible que utilice los servicios del único bar-restaurante del pueblo, o que desee pernoctar en el único hotel, o acaso opte por comprar algún producto alimenticio en el único supermercado existente, incluso que decida hacerse algún seguro en la única agencia del ramo. Para todo eso tendrá que contar con el Alcalde, que es el propietario.
Él mismo oficia de camarero en el bar, de recepcionista en el hotel o de asesor en materia de seguros y… además, le resolverá cualquier cuestión municipal que Ud. le traslade.
Cualquiera de estos tuercebotas de la nueva izquierda aristocrática que se nos ha instalado en España, muchos de ellos de procedencia latinoamericana, sacará enseguida la faca de diagnosticar y tildará al Alcalde de Horcajo de facha y capitalista; pero la verdad es que si el edil no tuviera todas esas iniciativas, Horcajo sería un fantasma en la memoria.
Porque gracias al bar, los cuatro gatos que quedan en el pueblo tienen donde ir a jugar su partida de tute; y gracias al supermercado pueden comprar, a cualquier hora, lo que necesitan para comer. Y, a pesar de la libertad de mercado, tampoco hay nadie que le haga la competencia.
La realidad de Horcajo, extrapolable a más de tres mil pueblos españoles, es que no tienen futuro a no ser que hagamos algo por remediarlo.
Hace 60 años, Horcajo de Montemayor tenía 600 habitantes y unas prósperas ganadería y agricultura. Hoy, con la evolución mercantil y demográfica, quedan en el pueblo 149 almas, de las cuales solo 9 tienen menos de 18 años. Pero merece la pena darse una vuelta por aquel precioso pueblo; sobre todo en la época otoñal.
Más arriba les hablaba a Uds. del disparate que supone el tener en España 8.122 Ayuntamientos, servidos por 68.000 concejales, aunque muchos de ellos lo sean a título gratuito. Como ejemplo, les ponía a Horcajo de Montemayor, con 5 concejales para 149 habitantes, ninguno de los cuales percibe salario alguno por su gestión; pero como siempre hay quien da más, Horcajo resulta una inmensa urbe si lo comparamos con Illán de Vacas (Toledo), Estepa de San Juan (Soria) o Villarroya (La Rioja) en los que, con 7, 8 y 9 habitantes, respectivamente, cada uno de ellos posee su propio Ayuntamiento, servido por tres concejales en cada pueblo o, lo que proporcionalmente es lo mismo, 1 concejal para cada dos habitantes.
Aunque lo señalado pueda parecer histriónico, lo cierto es que por mor de nuestro sistema municipal y electoral, tenemos en España 4.332 concejales, que sirven en 1.444 Ayuntamientos que no alcanzan la cifra de 150 habitantes cada uno, y otros 7.800, para los 1.560 pueblos que no superan la de 300 vecinos.
Ningún Partido Político hasta la fecha, tal vez porque así convenga a los intereses de todos ellos, ha planteado la necesidad de modificar este disparatado sistema municipal. Solo NOSOTROS, Partido Político de reciente creación, considera que resulta urgente la reconsideración de las Leyes Electoral y de Bases de Régimen Local en el sentido de reducir el número de Ayuntamientos de forma considerable y, con ello, la ingente estructura administrativa local, que comporta el sistema actual.
Desde luego, y en principio, aunque los españoles decidamos modificar nuestro sistema político municipal, los vecinos de Horcajo tendrán que seguir dependiendo de los servicios que les presta su Alcalde como empresario, porque, tal y como está el asunto de la pequeña y mediana empresa, no parece probable que otro fuera a sucederle si él cesara en sus actividades mercantiles.