No hay día en que no nos desayunemos y acostemos con las crecientes provocaciones de los independentistas catalanes buscando, tal vez, poner al Gobierno del Partido Popular en el disparadero de tomar medidas que justifiquen una violenta respuesta callejera de aquellos malnacidos.
Los medios de comunicación y las redes sociales dedican una buena parte de sus espacios a dar publicidad a contenidos de tal tenor, y más bien parece que sin ese tipo de noticias el número de sus páginas quedaría diezmado.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda sigue financiando sin límites la borrachera secesionista, como si los bolsillos de los contribuyentes españoles no tuvieran fondo.
Yo me pregunto si todo este fogueo no tendrá otro objetivo que el de distraer nuestra atención de la imperiosa necesidad de corregir el más garrafal de los errores de nuestra preciada Constitución de 1.978, el de eliminar de nuestro ordenamiento político el Título VIII de la Constitución que, para los que no lo recuerden, establece y regula el funcionamiento de las Comunidades Autónomas.
Y si formulo este juicio de valor, que Derecha Liberal Española y algún otro partido incluyen en su programa de gobierno, es consecuencia de una amplia argumentación que se inicia con el hecho, indiscutible, de que siendo los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas parte de la organización territorial del Estado, resulta un dislate que sean la fuente de alimentación de todos los que pretenden independizarse del Estado, y que el Gobierno de la Nación lo consienta.
Por eso sigo preguntándome, e imagino que no soy el único que lo hace, hasta cuándo va a seguir el Gobierno del Partido Popular financiando, con nuestro dinero, los sueldos y prebendas de que disfrutan todos esos indeseables que, sin duda, no dedicarían su tiempo y nuestro dinero a provocar este alboroto, si tuvieran que ganarse el sustento de la forma en que lo hacemos todos los imbéciles que los soportamos.
